TRANSITAR HACIA EL SIGLO XX

La coyuntura sociopolítica heredada del siglo XIX había sumido a Colombia en un periodo pobre y desolador. La debilidad estatal y falta de organización interna se evidenció con dos hechos históricos directamente relacionados que marcaron el inicio del siglo: el fin de la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. El enfrentamiento entre el ejército conservador y las guerrillas liberales resultó en la devastación social y económica de la nación, tanto las industrias como las vías de comunicación quedaron destruidas y el país con una deuda externa inmensurable. Esta situación influyó para que el 3 de noviembre de 1903 Panamá declarara su independencia.

El siglo XIX se había caracterizado por una inestabilidad política reflejada en los enfrentamientos partidistas y las guerras civiles (1876-1877, 1885 y 1899-1902). Entre 1878 y 1902 se desarrolló un periodo conocido como la Regeneración. Bajo la consigna “Regeneración administrativa fundamental o catástrofe” se buscaba restablecer el poder del ejecutivo mediante una constitución política centralista que dejaba al lado la antigua concepción liberal federalista.

El político Rafael Núñez, perteneciente al ala moderada del partido liberal, lideró este proyecto con apoyo del partido conservador y parte de un sector liberal, con los cuales creó el partido Nacionalista, abanderado inicial de la Regeneración. La nueva constitución redactada por Núñez y escrita por Miguel Antonio Caro en 1886 fortaleció el gobierno centralista con la ampliación del periodo presidencial por seis años y la consagración de un régimen de facultades especiales otorgado por el Congreso al presidente de la república.

Económicamente la centralización agudizó el déficit fiscal intensificando el gasto público, la división departamental establecida desde 1888se cristalizó en la primera década del siglo XX con la conformación de catorce departamentos, a los que se les reconoció rentas similares a las recibidas anteriormente por los Estados federados retribuyendo las cargas fiscales territorialmente.

La carta magna de 1886 consolidó entonces un proyecto moralizador en Colombia respecto a la política, la educación, la religión y la conducta de la sociedad. Alejandro Mojica expone un interesante acercamiento al tema de la moral desde el análisis del lenguaje político del siglo XIX, específicamente a través de las opiniones Miguel Antonio Caro. Según Mojica, Caro entendía la moral católica como “un atributo natural en todos los seres humanos, algo que precede toda decisión y ofrece una diferenciación entre el bien y el mal de las acciones”, en este orden de ideas, para los políticos e intelectuales de la Regeneración era indispensable reestablecer los lineamientos sociales de Colombia como parte del proyecto nacional por medio de los preceptos del dogma católico fracturado durante el radicalismo liberal, esto con el fin de establecer un control social e ideológico sobre la población. No obstante, la discusión filosófica sobre la religión no era una preocupación política en una nación históricamente católica, como concluye Mojica:

[…] se alababa la moral católica como un elemento indispensable y formativo para la sociedad y la civilización. Esta apuesta educativa fue ratificada por las élites, por lo que no hubo mayores enfrentamientos relacionados con la moralización de la sociedad. La crítica de la clase política opositora se dirigió más bien hacia las concesiones y privilegios que gozaba el clero colombiano.

De esta manera el Artículo 38 de la carta magna estableció que: “La religión católica, apostólica y romana es de la nación; los poderes públicos la protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social”. Espacios como la prensa, el púlpito y la escuela se vieron intervenidos por valores sociales y políticos que en esencia frenaban cualquier expresión de laicismo. Es así como el presidente Rafael Núñez materializó la relación Clero-Estado con la firma del Concordato de 1887 con la Santa Sede el cual tenía como objetivo conceder el control de la educación a la Iglesia católica. El clero masculino se dedicó a la educación y las misiones y el femenino a los hospitales y la enseñanza. Según Palacios y Safford la Iglesia fue un factor fundamental que inspiró el discurso nacionalista y conservador en una perspectiva antiliberal y antiyanqui, influenciado por sacerdotes extranjeros que llegaron a Colombia a partir de la década de 1890. “Miembros de aquel clero habían sobrevivido el Kulturkampf bismarckiano, el anticlericalismo de la unificación italiana, del republicanismo francés y el conflicto religioso ecuatoriano de Eloy Alfaro; los españoles, por añadidura traían el espíritu cruzado de las guerras carlistas”.

Hasta 1930 la Iglesia había sido una herramienta de control del Estado, sin embargo, con la llegada de la hegemonía liberal su posición volvió a ser reevaluada agudizando el conflicto Estado-Iglesia. El régimen conservador se derrumbó en 1930, cuando el partido liberal llegó al gobierno a través del movimiento denominado “concentración nacional” de composición bipartidista.

El primer gobierno liberal fue presidido por Enrique Olaya Herrera (1930-1934), sin embargo no fue hasta el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938) con la denominada “Revolución en marcha” que se emprendieron reformas económicas y sociales significativas frente a los preceptos de las últimas tres décadas. Se abogó por la laicización del Estado, el reconocimiento ciudadano de la mujer, la libertad de enseñanza y conciencia.

Ante los desafíos económicos de la crisis coyuntural, el liberalismo planteó un programa de Estado intervencionista que fuera capaz de orientar la vida económica del país reactivando el gasto público. Por esta razón, a partir de 1930 la participación gubernamental juega un papel muy importante en la industria, pues sería la reguladora de los ritmos en la actividad económica nacional. Se estableció entonces un mayor control en las importaciones, la reforma tributaria de 1935 logró fortalecer el presupuesto público a partir de la tributación de actividades internas, se priorizó el desarrollo del mercado cafetero materializado más adelante en la celebración del Pacto del Café en 1940 con Estados Unidos, y se crearon el Instituto de Crédito Territorial y el Instituto de Fomento Industrial.

Las reformas económicas realizadas durante la era liberal giraron en torno a los conceptos de industrialización y modernización que rondaban en las preocupadas mentes de los políticos e intelectuales de comienzos del siglo XX. Al respecto, el filósofo colombiano Santiago Castro Gómez hace una análisis que va más allá del enfoque economicista del capitalismo, exponiendo la semántica del progreso para “entender el modo en que los diversos actores sociales empezaron a identificarse imaginariamente con un estilo de vida capitalista para el cual no existían todavía las condiciones materiales”, y destacando que el valor de los objetos-mercancías se configuraba como signo de progreso dentro de los deseos de los ciudadanos.

A partir del paradigma dominante en la época se consideraba a los países del norte como la piedra angular privilegiada de la industria y la tecnología, mientras que los países del trópico eran concebidos como “exportadores naturales” de materia prima. A parte de la comparación evidente respecto a los índices de importación o exportación del país, es importante destacar que esta idea se refuerza desde los imaginarios exotistas europeos que caracterizaban a América como proveedora de riquezas naturales y manufactura exóticas.